Decenas de miles de habitantes de Honduras, Guatemala y El Salvador huyen del intolerable nivel de violencia que padecen en sus países y tratan de ingresas, la mayoría, a Estados Unidos.
No disminuye la violencia en la zona centroamericana conocida como el Triángulo Norte formada por Honduras, Guatemala y El Salvador. La región detenta el triste récord de la más peligrosa del mundo fuera de las zonas de guerra. El año pasado, 17.500 personas fueron asesinadas en los tres países, un 8 por ciento más que en 2010 según datos de Amnistía Internacional publicados en el informe: “¿Hogar dulce hogar?”.
La violencia, según la ONG, está incrementando el éxodo de refugiados de la región que los gobiernos tardan en reconocer. “El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que millones de personas viven con el terror constante de las maras (pandillas criminales, NdR) o las fuerzas de seguridad”, dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en la presentación del documento.
Las peticiones de asilo de estas tres naciones -en su mayoría a Estados Unidos- se dispararon casi un 600 por ciento en los últimos cinco años a 56.097 nuevas solicitudes en 2015, y en ese mismo lapso las deportaciones desde México aumentaron casi un 180 por ciento, según cifras de las autoridades mexicanas y de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) citadas en el informe de Aministía Internacional.
La presión llega hasta la frontera sur de Estados Unidos, donde más de 68.000 familias de la zona fueron detenidas en el ejercicio fiscal 2016 que cerró en septiembre, un 100 por ciento más que el año anterior, mientras la aprehensión de menores de edad no acompañados aumentó un 52 por ciento a 54.052, según datos migratorios estadounidenses recopilados en el documento.
En el documento se considera que se está “generando una de las crisis de refugiados menos visibles del mundo”, con familias enteras que se ven forzadas a abandonar sus hogares por las amenazas de las pandillas que les exigen el pago de extorsiones o el reclutamiento de sus hijos. Para muchos, la deportación tras huir de estas situaciones puede suponer una sentencia de muerte.
“Pedimos a los gobiernos de Centroamérica que protejan a estas personas que huyen de la violencia y a los que regresan deportados a la violencia”, dijo Shetty. Además, la población también es víctima en ocasiones de las propias fuerzas de seguridad, cada vez más militarizadas en la región, bien por corrupción o porque en su “guerra” contra el crimen hostigan y hasta matan a los jóvenes señalándolos de ser parte de las estructuras pandilleras.
