La disputa se trasladó al nombramiento de seis jueces del Tribunal Constitucional donde la oposición quiere tener “su” mayoría.
En Perú sigue la pulseada política entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra (foto) y la oposición con una suerte de bloqueo institucional. Vizcarra, en su lucha contra la corrupción, promueve con apoyo popular, el adelanto de las elecciones para renovar el Parlamento controlado por una oposición cuyos líderes han sido o estaban siendo investigados por corrupción. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, partido que solo reúne la mayoría de legisladores en el Congreso, está bajo prisión preventiva mientras se la investiga por lavado de activos y financiación ilegal. El Partido Aprista, en cambio, era liderado por el ex presidente Alan García, quien se suicidó cuando fueron a arrestarlo por prácticas corruptas. Ambos se oponen a la iniciativa del presidente de disolver las Cámaras para convocar a nuevas elecciones y dejar que la ciudadanía intervenga con su voto en la situación actual, pues las iniciativas del gobierno para renovar el poder judicial, también salpicado por graves escándalos, y para legislar al respecto son frenadas en todo momento por no contar en el parlamento con una bancada con peso político.
La lucha se ha trasladado en el Tribunal Constitucional de siete miembros, de los cuales seis han concluido su período. Entre los actuales jueces del Constitucional, cuatro consideran que la iniciativa de Vizcarra es coherente con las normas de la Constitución y tres opinan que no lo es, coincidiendo con la oposición. Siendo así las cosas, los legisladores fujimoristas y apristas han programado para el lunes 30 de setiembre votar una lista de jueces para renovar el Tribunal Constitucional con posturas cercanas a sus ideas. El objetivo es modificar la mayoría que se ha formado en el tribunal a favor de la oposición. Por otro lado, un segundo objetivo no menos importante es frenar las iniciativas anticorrupción de Vizcarra. Para apresurar el voto y conseguir los hombres necesarios, los legisladores han procedido en modo nada transparente, sin dar a conocer el curriculum de los seleccionados y los criterios de selección, lo cual ha suscitado las protestas de organizaciones de la sociedad civil y de grupos de abogados. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta selección de jueces ocurre en un contexto de graves denuncias por corrupción dentro del poder judicial y por tanto agravaría la situación.
Se avanza sobre varios frentes. Mientras se busca una salida negociada al impasse desde el Ejecutivo se intenta evitar que su lucha contra los poderes corruptos sea neutralizada y las instituciones no sean manipuladas para otros fines que no son el bien común.
