Se trata de más de 150 ejecuciones extrajudiciales presentadas por los militares como bajas de insurgentes en combate.
Poner la verdad solo de un lado nunca es una buena solución. Para superar las llagas abiertas por más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, es necesario que las partes asuman cada una su cuota de responsabilidad. Esa violencia cobró la vida de más de 200.000 personas, entre ellas la de muchos inocentes. Existió una violencia de los grupos insurgentes, pero también hubo violencia por parte de los militares. Ocultar esas responsabilidades no conduce a un buen camino y, por sobre todo, es una nueva bofetada a las familias de las víctimas. En estas semanas, la defensa de los uniformados pese a que la Justicia señala el asesinato de más de 2.200 civiles presentados como bajas en enfrentamientos armados, y conocidos como “falsos positivos”.
Mientras que desde la derecha se sigue defendiendo lo indefendible interpretando las denuncias como un ataque a la institución militar, la Justicia transicional (JEP) está ahora investigando la muerte de unas 300 personas asesinadas por efectivos de la primera División del ejército entre 2003 y 2008. Un informe presentado por algunas organizaciones de la sociedad civil, ha sido recibido por los jueces que ahora se abocarán a investigar 150 casos. La segunda y la décima brigada de la primera División serían las responsables de la muerte de civiles. Entre ellos, seis personas tenían algún tipo de discapacidad, ocho eran menores de edad, seis eran mujeres y 35 pertenecían a diferentes comunidades indígenas. La mayoría de los muertos vivían en condiciones de pobreza. En 131 casos, las víctimas fueron sepultadas sin ser identificadas.
El caso es particularmente delicado, puesto que el actual Jefe del Ejército fue comandante en segunda de la décima brigada acusada de estos crímenes. El alto oficial ha pretendido desvincularse de lo ocurrido con el argumento de que su rol, en ese entonces, fue eminentemente administrativo. Sin embargo, ese rol administrativo es refutado por las organizaciones que defienden los derechos humanos.
La JEP avanzará en el esclarecimiento de los hechos. En su primer año de actividad, los magistrados han priorizado siete tipos de crímenes cometidos durante el conflicto armado, entre ellos: el secuestro sistemático de personas, cometido por la guerrilla de las FARC; el reclutamiento forzoso de niñas y niños; la eliminación sistemática de los miembros de la Unión Patriótica (intento de los guerrilleros de transformarse en partido político) y el caso de los “falsos positivos”.
