Las razones del paro docente

Un paro de 24 hs resuelto por los cuerpos orgánicos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. (CTERA) se realizó este miércoles en todo el país. Esta medida fue acompañada por decisiones del mismo tenor de otros sindicatos docentes:  la CONADU, el Sindicato de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de la Educación Argentina (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la CONADU Histórica y la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET).

Una medida de esta naturaleza muestra claramente las serias dificultades que el actual gobierno tiene para encontrar un punto de equilibrio entre lo proclamado en la campaña, con las palabras elegidas por los fabricantes de marketing electoral y la capacidad real de traducirlas en hechos y políticas concretas.

Y  es grave,  porque al insistir en que no hay razones para abrir las paritarias nacionales se está negando habilitar una instancia institucional para consensuar políticas públicas que exceden el tema salarial aunque necesariamente lo incluyan.

El conflicto educativo no es el problema. Es casi connatural a la complejidad de los procesos que incluye dicha problemática. El problema es cómo se administra ese conflicto, qué  capacidad real existe para poner en marcha políticas activas que afronten los desafíos  y problemáticas que permanentemente interpelan a quienes tienen la principal responsabilidad de conducir y actuar en este tema estratégico. Además de capacidad, qué decisión política real existe para afrontar los compromisos asumidos.

Preocupa que se aplique a esta problemática un cierto “autismo” del Gobierno que pretende ignorar lo que por otra parte el mismo Ejecutivo, a través del ministro y sus equipos del área, suscribieron en febrero, en el sentido de monitorear la evolución de las variables socioeconómicas y volver a reunirse cuando los datos de la realidad mostraran una situación distinta a la esperada. En otros temas de la política nacional, esta postura de querer ignorar la realidad sólo ha contribuido a agravar los problemas y perder tiempos valiosos para avanzar en la búsqueda de soluciones.

En una breve síntesis vale la pena enumerar los principales problemas que hoy motivan la protesta: el “desmantelamiento de programas educativos nacionales” bajo el disfraz de un “pseudo federalismo” (se transfiere la decisión sobre su continuidad y su financiamiento a las provincias) y la subejecución presupuestaria. Además, en lo que va del año, los docentes alcanzados por el impuesto a las ganancias se cuadruplicaron, licuando el acuerdo salarial obtenido (parece una ironía muy desagradable recordar que el actual ministro de Educación, cuando ocupaba el mismo cargo en la C.A.B.A. firmaba en el punto 4to del acta de acuerdo salarial del 2012: “Solicitar de manera formal y conjunta al Gobierno Nacional, la elevación del monto determinado como mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con el único objetivo de mantener el nivel adquisitivo de los salarios de los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires”. De hecho, son conocidas sus chicanas en donde planteaba que los aumentos que él otorgaba, terminaban yendo a las arcas nacionales).

En el tema de la subejecución presupuestaria de los varios rubros que incluye merece una mención el  del  “infraestructura y equipamientos”. Entrados ya en la segunda quincena del octavo mes del año, se llevan  ejecutados apenas el 9,4% del presupuesto destinado a refaccionar o ampliar las instituciones existentes, así como también a construir nuevos edificios. Otro rubro estratégico es el denominado “Acciones en Formación Docente” que también presentan un altísimo nivel de subejecución: al 14 de agosto se habían utilizado apenas el 30% de los recursos presupuestados para dicho fin. El hecho choca de frente con expresiones de funcionarios del área educativa del oficialismo que postulan –con bastante asiduidad- la necesidad de que los docentes tengan una formación de calidad y que existan políticas de Estado que logren trascender los signos partidarios. Con el presente panorama, se están dejando de lado más de 10 años de políticas en la materia. El artículo 10 de la Ley de Financiamiento educativo del año 2005 fue el punto de partida, reforzada un año más tarde por el artículo 67 de la Ley de Educación Nacional que reconocía “el derecho de todos los docentes del sistema educativo a la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera”. Estas leyes nacionales fueron el puntapié del “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012 – 2016” (Res. 188/12) y del “Programa Nacional de Formación Permanente” (Res.201/13) votados por unanimidad por todos los ministros de educación –incluido Bullrich como ministro de CABA- en el Consejo Federal de Educación en 2012 y 2013.

Además, existe una gran subejecución de las partidas relativas a los Programas de Desarrollo Universitario. El mayor congelamiento de partidas se concentra en el área presupuestaria destinada a programas, proyectos y convenios a través de los cuales las Universidades Nacionales llevan adelante acciones relacionadas con el desarrollo de políticas públicas en áreas de la acción estatal; la expansión y fortalecimiento del sistema universitario así como también en la responsabilidad estatal en garantizar el derecho a la educación superior. Los docentes universitarios exigen actualizar sus haberes: en la actualidad, su salario se encuentra entre 12% y 15% debajo de la inflación de los primeros siete meses del año.

Por último, otro de los ítems que presenta una llamativa subejecución es el relacionado al “Mejoramiento de la calidad educativa”. Pese a ser uno de los objetivos enumerados por el ministro en sus apariciones públicas, hasta el momento sólo el 6,64% de su presupuesto se puso en marcha.

Como es inevitable, aparecieron las clásicas críticas al paro docente como medida de fuerza… Al respecto, más allá de quienes se suman a estas críticas porque no funciona el lugar donde llevan a sus hijos una cantidad interesante de horas, con todos los “problemas “que esto trae…, es cierto que la suspensión de las actividades docentes, cualquiera sea el nivel, significa una alteración en los tiempos y rutinas que supone el aprendizaje y las actividades vinculadas con él. Quienes trabajan en el día a día de la enseñanza, saben las complicaciones que esto trae.

Sólo una correcta evaluación de la gravedad de los temas en cuestión puede explicar o justificar la conveniencia de utilizar medidas de este tipo, que por otra parte están garantizadas en la Constitución Nacional. Ciertamente deberá ser el sano criterio de los dirigentes y sus bases quienes deberán discernir la oportunidad y utilidad de utilizarlas.

Y por supuesto, será la deseable capacidad de gestión y la decisión política de los gobernantes de encontrar caminos de solución, que resultarán decisivas para evitar el último recurso del paro como forma de protesta.

Nota: Varios y valiosos elementos para este análisis se han tomado de la publicación “Nuestras voces”, sobre un trabajo de Martin Sosa.