La sentencia fue emitida contra un empresario italiano condenado a dos años y dos meses de cárcel.
La labor de hacer más transparentes las finanzas vaticanas emprendida por el Papa Francisco, está teniendo resultados, aunque ello abarque el plano del derecho penal. En efecto, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 27 de diciembre “es la primera vez que en la jurisdicción vaticana se aplica el delito previsto por el artículo 421-bis del código penal” reformado en 2013. La sentencia condenatoria fue emitida el pasado 17 de diciembre contra el empresario italiano, Angelo Proietti, quien fue encontrado culpable y condenado a una pena de dos años y seis meses de cárcel. Proietti tenía una cuenta bancaria en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el “Banco del Vaticano”. La cuenta tenía más de un millón de euros y había sido confiscada por la Autoridad de Información Financiera (AIF) en 2014.
La investigación realizada y que determinó el fallo condenatorio fue llevada a cabo con la colaboración de la Oficina del Promotor de Justicia, la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Autoridad de Información Financiera (AIF) y el Estado italiano.
Este pronunciamiento del Tribunal es importante “en la óptica del sistema de prevención de lavado de dinero y en contraste a la financiación del terrorismo desarrollado por el estado en los últimos años”, señala el comunicado de la Oficina de Prensa.
El caso de Proietti fue el primer secuestro preventivo de una cuenta en el “Banco del Vaticano”. En el informe del Comité del Consejo de Europa Moneyval del 8 de diciembre de 2017 ya aparecía, aunque sin indicar el nombre. El numeral 13 daba cuenta de “una compañía italiana, comprometida en la reestructuración de propiedades inmobiliarias, de un empresario italiano que tenía una cuenta en el IOR”.
Este caso había sido reportado en 2013 por la AIF al promotor de Justicia y a la unidad de información de la Banca de Italia. Esto permitió a las autoridades italianas arrestar al empresario por quiebra fraudulenta y condenarlo a tres años y tres meses de prisión.
