La justicia exige al Gobierno de Colombia atender la desnutrición de una comunidad indígena

La justicia exige al Gobierno de Colombia atender la desnutrición de una comunidad indígena

En lo que va del año, una treintena de menores de la etnia wayúu, en el norte del país, ha fallecido por causas vinculadas a la desnutrición.

Por disposición de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Gobierno deberá diseñar y ejecutar un plan para resolver “las dificultades de desnutrición” y salud de los niños indígenas wayúu del departamento de La Guajira, en el norte del país.

El máximo órgano del Poder Judicial “determinó que el gobierno deberá trazar un organigrama con tiempos razonables y reales” para atender la situación en La Guajira, donde en 2015 fueron detectados casi 900 casos de niños desnutridos. En lo que va del año, ya han fallecido unos 30  menores de cinco años por posibles casos de desnutrición.

Aunque ya se adelantan planes para atender la crisis, para la Corte Suprema es necesario “que se superen de forma definitiva los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas wayúu”.

En vista de esta acción, los jueces señalan que el ministerio de Ambiente deberá atender el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región y proveer del necesario acceso al agua potable, y el ministerio de Agricultura deberá desarrollar planes agropecuarios y pesqueros que permitan mejorar y facilitar a los indígenas procurarse los alimentos para su subsistencia.

La Presidencia deberá entregar mensualmente un reporte de las acciones llevadas a cabo en La Guajira a un tribunal local, que en junio ordenó al presidente Juan Manuel Santos atender la situación de los indígenas del departamento y cuyo fallo fue ahora ampliado por la Corte Suprema.

El año pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) constató la situación existente en La Guajira. Se contabilizaron en ese momento 898 niños desnutridos. Las comunidades indígenas de la región y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado el caso planteando la intervención urgente del Estado a efectos de evitar más muertes.

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