Espera que el gobierno uruguayo le conceda el asilo político. Es investigado por corrupción. Lo mismo ocurrió en 1992 cuando se asiló en Colombia.
Ya transcurrido más de una semana desde que el expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) ingresó a la residencia del embajador de Uruguay en Lima solicitando asilo, alegando una persecución política en su contra. Las autoridades de Perú, sin embargo, alegan que Alan García intenta eludir las investigaciones por corrupción sobre su segundo mandato.
García llegó al domicilio del embajador de Uruguay en la madrugada del pasado domingo 18 de noviembre, unas horas después de que un juez le prohibiese abandonar el país por 18 meses mientras continúan las investigaciones, dado que el exmandatario reside en Madrid desde 2016.
Pese a que García estuvo conforme inicialmente con la medida dictada por el juez e incluso dijo que para él no era un deshonor permanecer 18 meses en su patria, poco después se declaró un perseguido político ante las autoridades uruguayas. El asilo diplomático solicitado por García se conoció recién en la tarde del domingo, mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que posteriormente fue confirmado por el Gobierno de Uruguay. La noticia desató la indignación de los peruanos al comprobar que el expresidente pretende ejecutar la misma estrategia que en 1992, cuando evitó una acusación por enriquecimiento ilícito durante su primer mandato al ser asilado por Colombia y luego irse a vivir a París hasta que los delitos prescribieron.
Las protestas fueron inmediatas y varios grupos de ciudadanos se aproximaron frente a la residencia del embajador uruguayo para solicitar que se le deniegue el asilo, frente a un colectivo minoritario de militantes del Partido Aprista Peruano, que preside García, para apoyar a su líder. En esta semana, García solo ha roto su silencio en dos ocasiones para publicar una carta en la que reitera su argumento de perseguido político y para lamentar la muerte del exsenador Enrique Bernales. El martes, el Gobierno peruano cumplió con entregar al embajador uruguayo, Carlos Barros, una nota diplomática en la que reitera que en Perú no existe persecución política, acompañada de un informe sobre las investigaciones que afronta el exmandatario.
A su salida del Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, el embajador de Uruguay solo indicó que su Gobierno se tomará el tiempo que sea necesario para tomar una decisión, pues la Convención de Asilo Diplomático de 1954 no establece plazos. El documento llegó el jueves a Montevideo, donde la vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky aseguró que estudiarán el pedido con detalle, especialmente para constatar si es que verdaderamente García es un perseguido político.
En los días posteriores, sendas misiones de congresistas del Frente Amplio de izquierdas peruano y del Partido Aprista llegaron a Montevideo para reunirse con autoridades uruguayas y dar sus distintas versiones en contra y a favor, respectivamente, de la solicitud de asilo. Los parlamentarios de izquierda se centraron en conversar con sus pares del Frente Amplio uruguayo, que ocupan el Gobierno, mientras que los apristas, cuya ideología cambió del centro-izquierda a la derecha populista y liberal con García al mando, se centraron en conversar con el expresidente Julio María Sanguinetti .
A García se le investiga por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se licitó durante su segundo mandato. El expresidente es sospechoso de ser uno de los altos funcionarios del Gobierno peruano a los que un ejecutivo de Odebrecht declaró ante fiscales que la compañía destinó destinaron 14 de los 24 millones de dólares en sobornos que pagó por esa obra.
