Es el tiempo que necesita el fiscal para avanzar en la causa de lavado de dinero. Testigos protegidos y grabaciones indican graves responsabilidades.
En una conocida película sobre las vicisitudes de un recluso en una cárcel, ante la pregunta sobre la razón de su condena, el detenido responde que hubo un error. El compañero que lo interroga le responde entonces con ironía: “Como todo el resto que está encerrado aquí”. Si las cárceles están llenas de “inocentes”, esto vale en especial para los políticos condenados en América latina. Con el auxilio de otra figura más que los “salva” de meros infractores de la ley los convierte en “perseguidos políticos”. No encontrarán fácilmente un condenado que admita haber defraudado el Estado, aceptado sobornos, utilizado información reservada o traficado influencia.
No es una excepción la líder del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, ex dictador peruano en los 90. Un juez que la investiga por lavado de dinero acaba de condenarla a 36 meses de prisión preliminar para tener el tiempo de seguir reuniendo documentos que indican haber estado a la cabeza de un grupo que ha lavado al menos 1,2 millones de dólares que los directivos de la empresa brasileña Odebrecht ya han admitido haber entregado al grupo político. No solo, varios testigos reservados, acusados de ser parte de la red y que no tenían ninguna intención de ser chivos expiatorios de este entramado delictivo han confirmado las acusaciones y agregado audios de conversaciones en las cuales Keiko Fujimori dispone que en el Congreso –donde el partido que lidera dispone de una amplia mayoría– realice prácticas obstructivas. Apareció con claridad el vínculo con una figura cumbre de la justicia, el juez supremo César Hinostroza, actualmente detenido en Madrid donde se había fugado ante la catarata de acusaciones contra él –también en otros casos sonantes que han hecho caer la cúpula del Poder Judicial del Perú–. Fujimori aparece orquestando una serie de medidas para que no se investigase las groseras incongruencias contables que pretendieron ocultar la proveniencia ilegal, creando falsos donantes.
Ante una persona que no ha dudado en utilizar su enorme poder político para obstruir la justicia, incluso mezclando sus intereses con los del Poder Legislativo, ha racionalmente decidido que al estar en libertad podría seguir destruyendo pruebas o fugarse, por lo que detenerla mientras la fiscalía sigue recogiendo documentos probatorios es algo normal en cualquier caso de este tipo. Para Fuerza Popular estamos ante una vergonzosa persecución política y un atentado a los derechos políticos contra una mujer, madre, que “lo único que hizo fue sacrificar su vida por todos los peruanos”.
La realidad es otra: en Perú no es que falta la justicia, sino que recién está comenzando a funcionar como debe.
