También organizaciones que reúnen a los pueblos originarios protestan contra el ajuste fiscal promovido por el presidente Carlos Alvarado.
En Costa Rica, los grupos indígenas se sumaron a la lucha en las calles contra el ajuste fiscal que impulsa el Gobierno en el día 24 de la huelga indefinida.
La concentración de varias organizaciones, marchó por el centro de San José, la capital, convocando a cientos de personas contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Bonifacio Morales, presidente de la Asociación del Consejo Indígena del Cantón Regional de Buenos Aires, llegó con su familia y adujo que viajaron siete horas para decir “no” al proyecto de reforma fiscal. “La parte aborigen e indígena de Costa Rica pide que se quite el combo fiscal y decir que no. Tenemos el derecho porque el pueblo manda y nosotros elegimos, no (al presidente) Carlos Alvarado. Estamos en pie de lucha en este proyecto que tenemos”, aseveró el líder.
Una vez que llegaron hasta el Primer Poder de la República, los sindicatos comenzaron a acusar al gobierno de “provocación”, al tratar de desviar la discusión del plan fiscal. Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), manifestó que los ciudadanos están cansados de la actitud del Poder Ejecutivo y de los diputados de no querer atenderlos. “Carlos Alvarado piensa que el pueblo está tranquilo. No ha hecho lectura de que el pueblo no quiere sus políticas y está en contra de su gobierno porque él no quiere escuchar al pueblo, quiere seguir gobernando con represión y esa no es la Costa Rica en la que hemos nacido”, acotó.
Cerca del mediodía la mayoría de los diputados fueron abucheados por los manifestantes en el momento en que salían del Plenario hasta el Edificio Sion, cruzando el bulevar. “Ahí están, estos son los que venden al país”, o “fuera corruptos” resaltaron entre los gritos de los manifestantes a las afueras del Congreso de la República. Otros legisladores, en cambio, fueron aplaudidos por mantener su discurso de oposición al proyecto de ajuste fiscal.
El divorcio de una buena parte de la clase política de las aspiraciones de los pueblos desnuda la falta de legitimidad de sus acciones. Los congresistas parlamentarios y los miembros de los distintos poderes tienen un mandato, y una representatividad que cae cuando lo traicionan; no detentan una posición por derecho propio sino en representación; cuando dejan de representar para servir intereses ajenos al bien común el contrato social se quiebra y se produce un vacío de autoridad. Es evidente que en la actual coyuntura regional hace falta redefinir los mecanismos de participación, con el fin de desmontar la maquinaria de demoler que se a puesto en marcha, con la pretensión de los mandatarios de transformarse en mandantes: tergiversado la concepción democrática de nuestras naciones tornándolas en dictaduras disfrazadas.