El Gobierno no consigue dotarse de las herramientas legales para afrontar el problema que multiplica las enfermedades respiratorias.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la contaminación del aire, todas las capitales de América Latina tienen en su atmósfera partículas de distintas sustancias y compuestos químicos muy por encima de los valores admisibles. Santiago de Chile, Lima, San Salvador, La Paz, Tegucigalpa y Bogotá presenta niveles peligrosos. En la capital salvadoreña al problema medioambiental se unen dificultades para dotarse de herramientas legales.
En todos los casos se calcularon por separado las fracciones de diámetro inferior a 10 micras (denominadas ‘partículas inhalables’) e inferior a 2,5 micras (partículas finas o respirables). El año pasado el récord como ciudad con el mayor nivel de polución del aire fue registrado en Salvador de Bahía (Brasil). Este año fue la pequeña ciudad de Coyhaique (cerca de 64.000 habitantes), situada en el sur de Chile y capital de la región de Aysén, a registrar el nivel más peligroso, llegando a los 64 microgramos por metro cúbico de contaminación anual. Esto implica que su población aspira seis veces más de lo que la OMS considera admisible. Entre las sustancias contaminantes destacan el sulfato, nitratos y el carbono negro en polvo. La quema de leña húmeda es la principal causa de contaminación.
De todos modos, el mayor problema lo representan las capitales latinoamericanas donde se concentra una importante cantidad de la población, como en el caso de San Salvador. Los estudios realizados por la OMS, indican que es la tercera capital que tiene el aire más contaminado de América Latina, responsable de alergias, gripe, bronquitis, neumonía, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias entre los efectos directos. Los altos niveles de concentración de partículas y gases tóxicos, como el ozono y el monóxido de carbono, provenientes de los procesos industriales y principalmente del consumo de combustibles fósiles son potencialmente tóxicos para nuestra salud.
Las partículas contaminantes en el aire son 30 veces más delgadas que un cabello, con una medida menor a los 2.5 micrómetros de diámetro. Es un material microscópico suspendido en el aire que llega hasta los pulmones. El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) del Gobierno de El Salvador releva que “cada año tenemos más días con niveles de contaminación altos, dañinos para la salud de la población”. En el caso del transporte colectivo, junto con los demás vehículos a motor, entre los principales productores de polución, el ministerio citado señala que se están realizando acciones para aprobar una ley que multe a los empresarios que mantienen en circulación unidades de transporte colectivo obsoletas que colaboran a una ciudad contaminada. Otra iniciativa es la de conseguir mejorar el combustible que se comercializa, hoy con alto nivel de azufre, tal como se logró evitar el alto nivel de plomo contenido en las bencinas.
Si bien la normativa vigente dispone que no circulen buses colectivos con más de 20 años de funcionamiento, se sospecha que se están entregando permisos ilegales que contribuyen a que sea el alto el nivel de polución. Pese a que la ley establece que dos veces al año las unidades del transporte colectivo deberían pasar una revisión, ésta disposición se incumple con frecuencia. Para el vice ministro de Transporte, Nelson García, “es increíble que no existan sanciones para las personas que contaminan el aire” a nivel legislativo.
En realidad, para controlar la emisión de gases contaminantes, el Gobierno debería solucionar un litigio con en el Tribunal de lo Civil, que dura desde hace 13 años. Durante el Gobierno del presidente Francisco Flores una empresa española ganó la licitación pública para el control de emisión de gases. Sin embargo, la firma incurrió en una ilegalidad que la llevó hasta los tribunales desde entonces la adjudicación no se concretó en todos estos años, lo cual incluso impide iniciar una nueva licitación.
Por lo visto, es muy posible que el recurso en manos del Ejecutivo será el de impedir el tránsito vehicular en modo alternado, según el número de patente.
