La importancia de políticas de Estado que puedan sostenerse en el tiempo y así ayudar a la convivencia más allá de las diferencias ideológicas o partidarias.
La (pre)ocupación por mantener y fortalecer un clima de paz, diálogo y encuentro entre argentinos es hoy más necesaria que nunca. En especial, cuando la crisis social y económica impacta en el debate y la competencia política no solo entre dirigentes sino en nuestras conversaciones y tratos con amigos, vecinos y hasta parientes. La sana polémica propia de una democracia corre el riesgo de desbordarse en discusiones apasionadas con fuerte contenido emocional más o menos violento en las que el otro, lejos de ser portador de una semilla de verdad, se nos aparece como vehículo del error, la ignorancia, la contumacia y/o la responsabilidad por los males colectivos que nos aquejan.
De allí que a un grupo de dirigentes, funcionarios y ex funcionarios nos pareció oportuno encarar una experiencia, aún en curso, que busca contribuir a generar un espacio de encuentro y diálogo fecundo entre personas representativas de diversas orientaciones sociales, académicas, religiosas, ideológicas, partidarias, gremiales y empresariales en las que se manifiesta la rica pluralidad de nuestro país. Busca con ello contribuir a la pacificación de los espíritus en momentos en que nuestra crisis social, política y económica puede exacerbar el clima de enfrentamiento y eventual violencia entre argentinos. En suma, expresar la fraternidad en términos concretos y operativos, no solo mediante el encuentro sino con el aporte concreto de posibles soluciones. En síntesis, a proyectar aquel principio que sostiene que la unidad es superior al conflicto.
Función pública profesional
Más de 750 adherentes (hasta el momento) a un documento titulado “Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI” (https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica) expresamos acuerdos sobre una serie de propuestas reales y palpables a ser asumidas como compromisos para la mejora sustancial del régimen, de las políticas y de las realidades que hacen al funcionariado público en nuestro país, en todos los Poderes y niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal).
Lo hacemos basados en la demostración palmaria de que ese funcionariado hace al desarrollo económico y a la equidad social que tanto anhelamos para nuestro país. La experiencia de más de dos siglos, al menos en Occidente, indica que el progreso de un país está estrechamente vinculado con las capacidades de una sociedad para asegurar su gobernabilidad y gobernanza, en especial democráticas.
Entre esas capacidades, la calidad y efectividad de su Administración Pública son cruciales. Ellas son resultado en gran medida del trabajo íntegro u honesto, competente, austero y comprometido de los ciudadanos que integran las llamadas burocracias (civiles y armadas). Ese trabajo aporta también a desplegar elementos esenciales de una República en un Estado de Derecho pues hoy no se concibe este tipo de Estado sin una burocracia profesional organizada bajo los genuinos principios del mérito (Carta Iberoamericana de la Función Pública). Esos funcionarios contribuyen al diseño y a asegurar la aplicación de las políticas de los gobiernos legítimos por elección popular en procura del bien común de sus sociedades, brindan servicios de diversa índole a sus conciudadanos, construyen, mantienen y/o aseguran recursos, regulaciones, bienes y servicios públicos que, como capital acumulado por los esfuerzos e inversiones respaldadas por el esfuerzo de toda la sociedad, trascienden el período de los gobiernos. Pero en todo su accionar deben asegurar la aplicación estricta de la legalidad de modo imparcial y competente asegurando que los derechos de todos y cada uno estén debidamente atendidos. No les es permitido que en sus labores hagan preferencias a unos ciudadanos en detrimento de otros pues todos somos iguales ante la ley. Además, pueden y deben ejercer una responsabilidad crítica en la evitación y lucha contra la corrupción y la captura corporativa que asolan las democracias de nuestro continente (y de otros, también).
Todos somos el “público” y, más trascendentemente, integrantes de una nación llamados a convivir y tratarnos como hermanos. Ante los desafíos que el siglo XXI nos plantea, entendemos que hoy un aporte útil es plantear fundamentadas propuestas concretas y lo más ampliamente compartibles aún en la riqueza derivada de la diversidad de quienes alientan esta iniciativa ciudadana. Trascender el mero debate de palabras, la crispación en la defensa de las posiciones de cada uno, para ofrecer meditadas líneas de acción que nos permitan superar la grave crisis en las que estamos inmersos. En suma, contribuir a construir una cultura democrática madura y efectiva para asegurar justicia social y su consecuente desarrollo económico que la sostenga. La Administración Pública es ámbito de gestión cotidiana de los valores, recursos, intereses, normas y acciones que expresan a todos en esa búsqueda. Y por eso pertenencia, problemática, responsabilidad y ámbito de participación también de todos, incluyendo a los propios trabajadores estatales, y no solo de los Gobiernos.
La necesidad de concursos abiertos
Si bien nuestro país viene dotándose en los últimos 30 años de instrumentos legales y políticas que intentan dar cumplimiento real a estos ideales según lo consagrado en la Constitución de 1957 y ampliado en la de 1994, ello se ha desplegado de forma despareja en los diferentes Poderes y Niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal) y no ha terminado de consolidar un funcionariado acorde. Entre esos compromisos, se impulsa la materialización definitiva del ingreso a la función pública mediante concursos abiertos a la ciudadanía que acrediten, en igualdad de oportunidades y trato, la idoneidad exigible para terminar con todo favoritismo e impericias. Que los funcionarios cuenten con regímenes de carrera en los que se les exija rendimiento laboral y buen servicio, pero también les asegure capacitación, promoción y pagos condignos. Que se consolide un funcionariado profesional superior llamado a dirigir las dependencias estatales con dotaciones fiscalmente sustentables sin exceso ni falta de funcionarios para cumplir los servicios a su cargo y terminar con la contratación excesiva y por años de empleados (en especial de los más jóvenes) sin posibilidad de concursar. También se ha reservado espacio para impulsar condiciones de trabajo digno y decente erradicando todo tipo de violencia laboral y discriminación negativa pues la Administración está llamada a ser empleadora ejemplar y ejemplarizante. Y para todo ello, la profesionalización en la gestión técnica de estos asuntos, pero también la consolidación de un espacio de participación ciudadana que facilite la continuidad de estos esfuerzos y compromisos con los gobiernos de turno.
La motivación de esta iniciativa
Para algunos promotores de la iniciativa, la motivación como laicos se inspiró también en el Documento de nuestros obispos en la 170 Comisión Permanente (16-18 de marzo de 2015), “Ciudadanos responsables en el seno de un pueblo” que en su punto 4 recuerda lo expresado en “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad (2010-2016)” acerca de que “la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social. Resulta imprescindible asegurar la independencia del poder judicial y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia” (N° 35). Si queremos que los cambios de gobernantes no impliquen ignorar legítimos logros, debiéramos alcanzar un adecuado nivel de madurez cívica, donde (4.1), en “temas importantes y permanentes, sea posible acordar entre los distintos partidos y sectores sociales, políticas de Estado que se desarrollen más allá de los cambios de gobierno, de manera que las legítimas iniciativas que cada nuevo candidato proponga implementar, no signifiquen hacer tierra arrasada y abandonar todo lo hecho hasta ese momento. Puede ayudar a ese objetivo que algunas de esas políticas hayan sido previamente acordadas entre quienes se postulan a los cargos públicos. Pensamos en algunos objetivos que deberían ser compartidos por todos, como: la superación de la marginación y la pobreza extrema; la desnutrición infantil; la generación de fuentes de trabajo; el respeto de los derechos humanos y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el fortalecimiento de una educación inclusiva y de calidad; la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas; la disminución de la inflación que impide el crecimiento y erosiona gravemente los ingresos de los más pobres; la transparencia en la administración pública y la lucha contra toda forma de corrupción.” Y más aún, que “(4.2) el acceso al Gobierno no implique la designación o contratación adicional de personal perteneciente a un partido o sector. Es indispensable dotar a la Administración Pública de un cuerpo profesional y permanente de funcionarios que ingresen y asciendan en atención al mérito y no a las afinidades ideológicas.” Entendimos que una manera de empezar a poner esto en práctica era contribuir con el impulso y divulgación del Consenso de referencia. Para una convivencia sin violencias. De ningún tipo.
*El autor es ex funcionario público y actualmente miembro del Centro Latinoamericano de Evangelización Social (CLAdeES).
Artículo publicado en la edición Nº 613 de la revista Ciudad Nueva.
¿hay empresarios de los medios de comunicación?