Paraguay y el Estado de derecho

Visto desde afuera, en Paraguay se lleva a cabo un encendido debate entre los impulsores de una enmienda constitucional que introduzca la reelección del presidente de la república, y los que se oponen a la misma. Pero nada podría ser más engañoso. El verdadero núcleo del problema es la idea de que una mayoría puede pasar por encima de la ley, o sea, la vigencia del Estado de derecho.

A fines de marzo, 25 senadores llevaron a cabo una sesión extraordinaria fraudulenta en la que aprobaron una reforma del reglamento interno que permite la presentación de un proyecto de enmienda constitucional. La sesión se llevó a cabo en secreto, fuera del recinto del Senado -en la sede de un partido-, y en ausencia de los demás 20 colegas. Un gesto absurdo, del que solo cabe declarar la nulidad insanable.

Los 25 senadores responden en modo transversal a oficialistas, partidarios del actual presidente, Horacio Cartes, y opositores a favor de la reelección. Tanto Cartes como el opositor ex presidente Fernando Lugo cultivaban la intención de volver a competir para la presidencia. Ante la dificultad de sortear la barrera que impone la Constitución, tomaron el atajo de violentarla con el argumento de que son mayoría y sin reparar en el atropello cometido. El episodio culminó en manifestaciones que desembocaron en violencia, con el saldo de un ciudadano muerto. El propio Cartes convocó a una mesa de diálogo, coordinada por representantes de la Iglesia católica, que sin embargo no ha avanzado mucho.

Dialogar sobre la violación de la ley no es posible: el primer gesto es repudiar todo atentado al Estado de derecho que es la base de un diálogo sucesivo. El presidente Cartes pretende avanzar sobre los hechos consumados que no pueden recibir ninguna legitimización, pues de este modo se deja abierta la puerta para futuros actos fraudulentos.

La Constitución de Paraguay no sólo no permite la reelección presidencial, sino que establece que para modificar esta norma la herramienta no es el procedimiento de enmienda sino el de reforma. Y para activar el proceso de reforma hay mayorías especiales. Podrán gustar o no estas disposiciones, y podrá ser aceptado que más del 80% de los ciudadanos están a favor de la reelección. Pero nunca puede ser una razón suficiente para manosear la carta magna siguiendo el principio: “manda la mayoría”. El otro argumento de que el pueblo votaría en un referéndum la propuesta de enmienda, para que decida en modo directo sobre el tema, es utilizado en modo engañoso para disfrazar de democrática una actitud autoritaria. Es cierto que la Constitución establece que el pueblo ejerce la soberanía, pero siguiendo lo dispuesto por la carta magna. Así que no hay otro camino que seguir lo dispuesto por la ley.

En este contexto, que en estas horas el presidente Cartes haya manifestado su renuncia a la reelección no aporta mucho. Lo que debe esperarse es que se retire el proyecto y se declare la nulidad de la sesión fraudulenta del Senado, algo sobre lo cual el Ejecutivo elude pronunciarse sistemáticamente. De lo contrario, la renuncia de Cartes sólo será un nuevo anuncio, el cuarto de este tipo, que pretende ocultar el tema de fondo.

Se entiende, por tanto, que la mesa de diálogo no esté consiguiendo los resultados esperados de recomponer el orden democrático violado y establecer bases de confianza entre las fuerzas políticas. ¿Quién garantiza que mañana otra mayoría de legisladores pretenda imponer a la fuerza su voluntad? Es la ley, no la mayoría, lo que en una democracia nos protege de las arbitrariedades.