Viajamos en el tiempo a El Salvador. Nos vamos a noviembre de 1989 y a su ciudad capital. Tenía lugar una cruenta guerra civil en gran parte del país.
La noche del viernes 15 de noviembre de 1989 en una ciudad vecina a la capital los disparos no dejaban conciliar el sueño. Las radios transmitían mensajes contra todos aquellos que querían un cambio para la sociedad salvadoreña, entre ellos los “curas de la UCA”.
A las seis y cuarto de la mañana del sábado sonó el teléfono y el pedido del provincial de los jesuitas de Centro América solicitaba a los estudiantes jesuitas que se presentaran en la casa de la comunidad de la UCA. Al seminarista Manuel Cubillas le pidió que llevara la cámara fotográfica.
Las calles estaban desiertas, se veían columnas de humo. Olía a muerte. Así lo confirmaron al llegar a la UCA. Dos mujeres y seis jesuitas yacían sin vida. Muerte y barbarie, gente inocente pagaba con su vida.
Pasaron muchos años desde aquel 1989. Elba, Celina, Amando, Lolo, Segundo, Juan Ramón, Ellacuría e Ignacio Martín-Baró eran personas comunes. Su particularidad fue la fortaleza de su fe: pusieron a Dios en el centro de sus vidas, y llegado el momento de la persecución, vencieron sus miedos y dejaron que el Espíritu Santo diera testimonio por ellos (Mc 13, 11).
El 16 de noviembre se juntaron en el mismo jardín, la sangre de seis jesuitas con la sangre de Elba y Celina, dos mujeres salvadoreñas, y en ellas, con la sangre de los más de setenta mil muertos durante los doce años que duró aquella cruenta guerra civil.
Proceso judicial
Según el informe de la Comisión de la Verdad y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito, el ejército salvadoreño consideró el Centro Pastoral de la UCA como un “refugio de subversivos”. El coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, había acusado públicamente a la UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban “plenamente identificados con movimientos subversivos”. En las negociaciones para una solución pacífica al conflicto, Ignacio Ellacuría (rector de la universidad) había jugado un papel fundamental. Muchas de las fuerzas armadas identificaron a los sacerdotes jesuitas con los rebeldes, debido a su especial preocupación por los salvadoreños que eran los más pobres y, por lo tanto, los más afectados por la guerra.
En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el Colegio Militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era “crítica”, que debía enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los “elementos subversivos conocidos” debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría, sin dejar testigos. Los oficiales (miembros del batallón Atlacatl) decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un rifle AK-47 que había sido capturado por el FMLN.
Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Avalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos. El soldado José Alberto Sierra Ascencio le disparó a ambas mujeres nuevamente.
Los soldados sacaron una pequeña maleta que contenía fotografías, documentos y 5000 dólares. Luego dirigieron fuego de ametralladoras a la fachada de la residencia, así como cohetes y granadas. Dejaron un letrero de cartón que decía “El FMLN ejecutó a quienes lo informaron. Victoria o muerte, FMLN”.
El ardid nos remonta a la masacre de San Patricio, donde dieran su vida el 4 de julio de 1976 cinco palotinos en el porteño barrio de Belgrano. La metodología fue similar: odio, mentira, cinismo y violencia de Estado.
Sentencias
En El Salvador, nueve miembros del ejército salvadoreño fueron llevados a juicio, siendo condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza. Los demás imputados fueron absueltos o declarados culpables por cargos menores. Benavides y Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión, pero fueron liberados el 1° de abril de 1993, luego de la aprobación de una Ley de Amnistía.
España
En 2008, el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas y la Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó una demanda en la Audiencia Nacional de España contra el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y 14 miembros del ejército salvadoreño, alegando su responsabilidad directa por la masacre de 1989. El juez Eloy Velasco y los querellantes particulares en el caso abierto en Madrid, España, por la masacre de la UCA entienden que, con las nuevas órdenes de arresto emitidas, las autoridades salvadoreñas deberían capturar de inmediato a cualquiera de los 18 militares acusados de la masacre a los que tengan ubicados en territorio salvadoreño.
El 30 de mayo de 2011, el tribunal falló contra 20 miembros del ejército salvadoreño que los declararon culpables de asesinato, terrorismo y crímenes contra la humanidad y ordenó su arresto inmediato. Los declarados culpables enfrentan sentencias que suman 2700 años en prisión.
El fallo de la corte española especifica que los jesuitas fueron asesinados por sus esfuerzos para poner fin pacíficamente a la guerra civil salvadoreña. La planificación del asesinato comenzó cuando las negociaciones de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN se rompieron en 1988. Los líderes del ejército salvadoreño estaban convencidos de que podían ganar militarmente la guerra contra el FMLN. Interpretaron los esfuerzos de Ignacio Ellacuría por las negociaciones de paz como un inconveniente que debía eliminarse.
El 15 de noviembre de 2017 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la última apelación posible del exviceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Orlando Montano y finalmente fue extraditado a España.
En 2020 Montano fue juzgado por la Audiencia Nacional. La sentencia se dio a conocer el 11 de septiembre. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideró a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales se le impuso una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión. Los magistrados también consideraron a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos.
El 3 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia condenatoria contra el coronel “Inocente” Montano. Su condena es de 26 años, 8 meses y un día de cárcel por cada uno de los cinco asesinatos; es decir, un total de 133 años de prisión.
Jardín de los mártires de la UCA
No hay espinas sin rosas
El jardín de las rosas, de Alberto Pla, es una película documental que analiza, desde diversas voces y testimonios, el asesinato de los conocidos como “mártires de la UCA”, entre ellos, cinco españoles con el rector, Ignacio Ellacuría, al frente.
La película documental fue rodada en España y El Salvador entre 2016 y 2020. Participan valencianos y valencianas como el magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia, José María Tomás, el vicepresidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José, Alejandro Mañes o la cooperante en El Salvador, durante 30 años, Ascensión Ruiz. Pues, cabe recordar que la citada asociación de Antiguos Alumnos forma parte de la acusación particular contra Inocente Montano.
El film aporta nuevos recursos audiovisuales de archivo y el valiente testimonio de José María Tojeira: Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). También participan expandilleros y excombatientes con testimonios que ahondan en la importancia de la educación para salir de la violencia y en la desestructuración que esta última ocasiona en el ser humano.
Los invito a visitar la página de Alberto: https://albertopla.com/, es verdaderamente inspiradora. Este documental así lo ratifica.
Fuentes:
https://www.jornada.com.mx/2008/11/14/index.php?section=mundo&article=036n2mun
