Sin desconocer que la violencia ha sido ejercida también por los opositores del chavismo, se señala la responsabilidad de los aparatos estatales en la muerte de manifestantes y otros delitos.
Pese a su conocida militancia chavista, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, volvió a
manifestar su autonomía de pensamiento y denunció este miércoles la responsabilidad de aparatos estatales en casos de violaciones a los derechos humanos. Estos episodios han sido protagonizados por los cuerpos de seguridad del Estado durante el control de las protestas que desde el 1 de abril han tomado las calles de diversas ciudades. Ortega Díaz, incluso, ha refutado las versiones brindadas por el Gobierno sobre algunas de las muertes ocurridas en los enfrentamientos.
La fiscal general, quien se desempeña en el cargo desde 2007, a fines de marzo manifestó la ilegítima asunción de las funciones del Poder Legislativos que pretendió realizar el Tribunal Supremo al declarar en desacato la Asamblea de representantes. Su prestigio, cooperó para que la Corte Suprema dejara sin efecto su intervención.
Ortega Díaz señala que, posiblemente, el número de fallecidos en los choques entre los cuerpos de seguridad y los opositores del régimen chavista sea superior al número admitido. Por otra parte, sin desconocer que todos hayan recurrido a la violencia, la titular del Ministerio Público asegura que más de la mitad de los lesionados durante los disturbios –unos 1.000, según sus registros– fueron provocados por los organismos de seguridad. Además, documentó que en los desórdenes han muerto 55 personas, siete de ellas el lunes, solo en el Estado de Barinas (provincia natal de Hugo Chávez). Tres de los fallecidos eran funcionarios del orden público y el resto, civiles.
Serían 19 los agentes de policía imputados por su presunta vinculación con violaciones graves a los derechos humanos. La acción de la Fiscalía ha permitido aclarar que en el caso de Juan Parnalete, fallecido el pasado 28 de abril, la muerte no fue causada por el disparo de un arma artesanal detonada por otro manifestante, sino por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un oficial de la Guardia Nacional. La fiscal señaló que las bombas lacrimógenas no pueden ser disparadas contra las personas. Por otro lado, las oficinas del Público Ministerio han recibido denuncias sobre la participación de efectivos militares en los saqueos.
Ante la presentación de videos transmitidos por los canales oficiales de televisión que, supuestamente, documentan las muertes ocurridas en las manifestaciones, Ortega Días invitó a no realizar “especulaciones”, pues es la Fiscalía la encarga de atribuir responsabilidades y la dinámica de los hechos.
Las denuncias realizadas por la fiscal general, alcanzan también los llamados “colectivos”, grupos politizados de civiles armados por el Gobierno que supuestamente colaboran en controlar las manifestaciones. Hay 16 investigaciones sobre casos en que estos civiles armados instigaron a la violencia.
Una ulterior intervención de Ortega Díaz apunta a una irregularidad jurídica cometida por el Ejecutivo que han llevado detenidos ante la justicia militar. La fiscal explicó una regla fundamental del Estado de Derecho, conocida por cualquier estudiante de abogacía: “Las personas tienen derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales”, por lo que de los sietes casos conocidos, en dos de ellos se ha pedido a los jueces militares que declinen su competencia.
La fiscal no tiene dudas y condena la violencia “venga de donde venga”, pero recuerda a las autoridades de Gobierno que las manifestaciones pacíficas son un derecho “y el Estado debe garantizarlo”.
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