La delicada transición hacia un nuevo Gobierno colombiano

La delicada transición hacia un nuevo Gobierno colombiano

Iván Duque asumirá como presidente el 7 de agosto. Su partido está cuestionando aspectos clave del acuerdo de paz firmado el año pasado.

El próximo 7 de agosto, Iván Duque se transformará de presidente electo en primer mandatario de Colombia y, a partir de esa fecha, se abrirá un nuevo capítulo en la historia política del país. Las semanas que separan de ese momento serán de transición entre el Gobierno saliente, de Juan Manuel Santos, que se ha hecho cargo de poner la palabra fin a 54 años de conflicto armado con la guerrilla de las FARC y comenzar un proceso similar con el grupo armado ELN.

Ese acuerdo no fue aceptado por todos los grupos políticos. El Centro Democrático, del que es miembro Duque, y liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, se opuso firmemente, sobre todo en el tema de la justicia transicional que deberá aplicarse en materia de crímenes de guerra. La oposición al acuerdo se debe más bien al anticomunismo visceral de la derecha colombiana que no tolera la presencia en el país de grupos izquierdistas. No es una oposición por razones jurídicas, puesto que durante su presidencia Uribe ha amnistiado a grupos paramilitares. Que se trate de una oposición ideológica lo demuestra también en el hecho que, en los departamentos del país más afectado por el conflicto, donde la gente ha vivido en carne propia el desgarre social de la guerra, el acuerdo de paz ha recibido un fuerte apoyo, mientras que el Centro Democrático es fuerte en los grandes centros urbanos, con más población, pero también más alejado de la espiral de violencia de la guerra.

Es por ello que es riesgoso el giro que Duque y el Centro Democrático pretenden darle al acuerdo de paz, impulsados sobre todo por motivos políticos de corto plazo, y soslayando lo que está significando el regreso a la normalidad en zonas del país que vivieron en guerra durante 54 largos años. Esta semana el Centro Democrático aplazó el trabajo legislativo del Senado en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, que deberá aplicarse en los casos de crímenes de guerra. Duque quiere pedir a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto. No pudo conseguir lo mismo en la Cámara de Diputados que seguirá en la labor de preparación del reglamento. El argumento es tener claridad sobre la existencia de algún vicio de forma. Pero se trata de un engranaje central para la paz y ponerlo en discusión cuando ya está en marcha, cuando ya es parte de un acuerdo de paz general implica un peligroso retroceso que puede provocar esta actitud.

Colombia ha vivido un período de violencia que ha provocado el mayor número de desplazados internos a nivel mundial, 7,7 millones. Y la violencia todavía está lejos de haber terminado: sigue en curso el proceso de paz con el ELN, bandas criminales azotan varios departamentos y éstas se han unido a ex guerrilleros de las FARC que se han opuesto a la finalización del conflicto. La actitud del “uribismo” no parece ser ni la más sabia ni una actitud responsable con el principio de asumir la responsabilidad de Gobierno en nombre de todos los colombianos, precisamente en el momento en que se saborean los primeros frutos de la paz. No son pocas en el país las víctimas de la violencia que incluso han perdonado a sus victimarios. Un gesto que las ennoblece y que una vez más cuestiona la actitud de un grupo político que necesita de esta polarización para marcar su identidad política. Es decir, una muestra más de falta de un verdadero proyecto político.

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