Son datos oficiales registrados entre 2007 y abril de este año. El 15 por ciento son menores entre 15 y 19 años.
No se frena en México la desaparición de personas en un país en el que la gran parte de los delitos graves quedan impunes. Según datos oficiales, en los últimos tres años, más de 13.000 personas han desaparecido. La cifra es algo superior a la cantidad de desaparecidos durante la precedente gestión del presidente Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narcotráfico alcanzó un inédito nivel de violencia, lo que indica que desde 2007 hayan desaparecido más de 26.000 personas. Aunque es muy posible que el número real sea superior a los oficiales.
Grupos que nuclean a familiares de las víctimas, como los 43 estudiantes desaparecidos y supuestamente asesinados hace 22 meses en Ayotzinapa, de los que no se recuperó ningún cuerpo hasta el momento, están realizando iniciativas ante la escasa eficacia de la acción de la justicia y de las fuerzas policiales. En algunos casos, directamente, con varillas y picas tratan de encontrar cadáveres en zonas que se supone son fosas clandestinas utilizadas por grupos criminales.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, por ejemplo señala el problema de políticas de seguridad que en estos años se han dedicado a contener y controlar las emergencias pero sin afrontar las cuestiones de fondo. Se creó la Subprocuraduría Especializada en Desaparición Forzada e incluso se analizó legislar en el tema. Pero sin llegar a elaborar una estrategia para afrontar el problema en su magnitud.
Del total oficial de desaparecidos, el 74 por ciento son hombres y el 26 por ciento mujeres. Causa escalofríos que el 15 por ciento, casi dos mil, tengan una edad entre 15 y 19 años.
Esta semana, representantes de los padres de los desaparecidos de Ayutzinapa visitaron en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para pedir un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que visitó México meses atrás. El informe del GIEI indicó que el 90 por ciento de los asesinatos en el país queda impune y dejó para el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto una serie de recomendaciones para dar mayor calidad a la lucha contra la violencia y la corrupción.
