El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala la muerte de 33 periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. El ejemplo emblemático de las “zonas silenciadas”.
En demasiados lugares de América latina el oficio del periodismo sigue siendo riesgoso para la vida de los profesionales que lo ejercen. Es lo que se aprecia consultando el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión relativo al 2016 en el que consta el asesinato de 33 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
La Relatoría Especial ha sido creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El voluminoso documento, que consta de 616 páginas, relata y analiza la situación que vive cada uno de los 31 países miembros en este tema, y dedica un capítulo especial a tres de los casos más emblemáticos en el continente, aunque se podrían citar otras regiones del continente americano donde también se repite un contexto parecido.
Bajo el título “Zonas silenciadas” se describe la situación de “regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión” que se verifica en Tamaulipas (México); Mazatenango (Guatemala), y varias localidades de Paraguay en la frontera con Brasil.
En estas tres zonas silenciadas, la Relatoría Especial constata situaciones similares: la presencia de organizaciones criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de la región; la colusión o la omisión del cumplimiento de sus funciones de diversos niveles de la administración pública, la falta de respuesta eficaz de los poderes públicos estatales que debería brindar seguridad, prevenir y reprimir el delito, perseguir judicialmente a los culpables, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Con este informe, el organismo intenta llamar la atención sobre el fenómeno de zonas silenciadas que se presenta en diversas regiones de las Américas y cuyas comunidades están siendo desinformadas y calladas por efecto de la violencia desatada por el crimen organizado para asegurar fines ilícitos, en algunos casos actuando en complicidad con autoridades regionales infiltradas por las ramificaciones de estos grupos.
La Relatoría señala además el caso de México como el más peligroso de la región para ejercer el periodismo desde 2010. En 2015 y 2016 uno de cada cinco asesinatos de periodistas en el continente ocurrieron en el país, en medio de graves y complejos obstáculos para esclarecer esos episodios, lo que ha generado un elevado nivel de impunidad.
El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, concluye el organismo: “Hay zonas de México en las cuales hoy día los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial resulta extremadamente difícil que los periodistas realicen investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares”.
Destaca que en todos estos años la relatoría especial ha podido constatar con preocupación que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas permanecen impunes, mientras que los mecanismos de protección muestran importantes deficiencias y omisiones que hacen difícil el cumplimiento de su objetivo.
El documento recuerda a los países la jurisprudencia sobre libertad de expresión y los tratados internacionales a los que han adherido los países del sistema interamericano que garantizan este derecho e invita, con preocupación ante los fenómenos violentos, a tomar las medidas pertinentes para preservarlo.
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ser pobre un verdadero trabajo riesgoso del total de muertes violentas un porcentaje pequeñisimo es del oficio de periodista