El Gobierno de Colombia cambia estrategia ante la deforestación

El Gobierno de Colombia cambia estrategia ante la deforestación

El fenómeno parece incrementarse en territorios antes controlados por las FARC y donde ahora se señala la presencia de grupos criminales.

Colombia enfrenta un doble desafío que plantean las bandas criminales, que no sólo son responsables del incremento de la violencia sino que atentan contra el medio ambiente a través de la deforestación ilegal. Es por eso que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General han puesto en marcha medidas para frenar la deforestación y la explotación ilegal de los recursos naturales, principalmente en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

El ministerio de Ambiente tiene la intención de modificar la estrategia en el control de la deforestación que en 2015 afectaba más de 120.000 hectáreas en el país. La tala ilegal se concentra en cinco departamentos, con el 60 por ciento de la deforestación nacional: Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo.

Como parte del plan de acción, se inhabilitarán al menos 490 kilómetros de vías abiertas ilegalmente dentro de los Parques Nacionales Naturales de la Sierra de La Macarena, la Serranía del Chiribiquete, Los Picachos y Tinigua, y la reserva natural Nukak, donde ocurren delitos relacionados con cultivos ilícitos, minería ilegal, transporte de ganado ilegal y extracción ilícita de yacimientos mineros.

Paradójicamente, el fin del conflicto ha creado un vacío de poder en las zonas donde todavía no llega el control del Estado y que antes estaban bajo el control de la guerrilla de las FARC, que administraban alguna forma de administración local que preservaba esos territorios de abusos masivos, como los que se están registrando. Con la expectativa de los acuerdos de paz, se sostiene desde el ministerio de Ambiente, incluso hay inversionistas dispuestos a especular con la tierra y que están financiando la tala ilegal de bosque para destinar más superficie al pastoreo.

En el municipio de El Retorno, a título de ejemplo, se señala la tala masiva de 400 hectáreas de bosque. El Poder Ejecutivo y la Fiscalía General están trabajando para intervenir ante el avance de la ilegalidad. El acceso a los sectores deforestados no es fácil, por la compleja geografía colombiana, donde abundan zonas de montaña y de selva que son difíciles de alcanzar. En algunos casos, puede que la deforestación sea llevada a cabo por elementos disidentes de las FARC, que han rechazado el proceso de paz.

El problema principal, para ambientalistas e investigadores del medio ambiente, es realizar tareas de control y vigilancia en sectores del país donde antes estaba la guerrilla. En algunos casos, sostienen algunos expertos, habría que pensar en emplear a los propios ex-guerrilleros como guardias forestales.

 

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